Expertos en inclusión laboral: Exigen mayor fiscalización a la ley para que empresas contraten a personas en situación de discapacidad

  • La Ley de Inclusión Laboral inició una nueva etapa en el Senado, para incorporar así mayores multas y garantizar el acceso. Marisol Bañares y Matías Poblete, valoraron estos avances, pero insisten en una mayor fiscalización para que las empresas cumplan.

Tres años de vigencia tiene la Ley 21.015 que obliga a las empresas a contratar al menos un 1% de trabajadores en situación de discapacidad, de esta manera fomentar el acceso y participación en el mundo laboral de este importante grupo de la sociedad. Lamentablemente la normativa -en la realidad- no se está cumpliendo, es por esto que la Comisión de Trabajo del Senado busca incorporar mayores sanciones a las compañías que incumplan la normativa.

Y sobre esto, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), expresó que actualmente “las normas que Chile tiene en este ámbito no son suficientes para garantizar un empleo digno, y de calidad para todas las personas en situación de discapacidad. Se requiere avanzar en materias tan importantes como es la descentralización del cumplimiento de la cuota de contrataciones establecidas en la ley de inclusión laboral, de manera de que las empresas no solo cumplan con esta normativa en la región Metropolitana sino que lo puedan hacer a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en zonas extremas donde cumplen faenas o cuentan con oficinas”.

Asimismo, el especialista destacó que “es importante también que exista un incentivo para que las entidades puedan implementar los ajustes que sean necesarios para la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, este incentivo podría consistir en una exención tributaria que permita financiar a través del descuento de  impuestos los ajustes de alto costo que deban implementar las empresas, de esta manera se podrá ampliar el abanico de contrataciones de personas en esta situación, puesto que al  día de hoy se contrata a personas con pocas limitaciones, por decirlo de alguna manera, en consecuencia que muchas personas que tienen grandes dificultades de desplazamiento podrían ejercer labores en distintas empresas, sin embargo no son contratadas porque estas cuentan con problemas de accesibilidad a los espacios físicos y impide el desplazamiento autónomo y seguro  de aquellas personas.”

Por su parte, Marisol Bañares, experta en materia de inclusión y accesibilidad, quien además, tiene una lesión medular C7-T1 tras un accidente vehicular, quedando con una parálisis en sus piernas, comentó sobre las problemáticas que tienen las personas en situación de discapacidad para ser considerados en un trabajo: “si bien es cierto que existen multas, pero las instituciones prefieren pagarlas, porque las condiciones que pide el Gobierno son tantas que finalmente no son viables en mucho de los establecimientos para poder contratar personal, sin embargo, el hecho de estar por ley debe cumplirse y ojala nosotros no necesitaremos de una ley para poder tener la oportunidad de demostrar nuestras aptitudes laborales”.

En la normativa actual no se vigila que las empresas tengan trabajando directamente a personas en situación de discapacidad, precarizando aún más las condiciones laborales para este grupo de personas, y en este sentido Bañares comentó que “una entidad puede actualmente cumplir con la cuota que exige la normativa que es el 1% por cada 100 trabajadores, aunque no sea de una manera directa basta que ellos tengan contratada una empresa y que esta empresa tenga dentro de sus trabajadores alguna persona en situación de discapacidad, aunque ella no trabaje directamente en la empresa, lo que se busca en este momento es que si se contrata a través de un subcontratista las personas que tengan discapacidad deben trabajar directamente en la empresa”.

Finalmente, ambos expertos coinciden en que se necesitan mayores fiscalizaciones para hacer cumplir la Ley de Inclusión Laboral. “Si se suben las multas, pero no hay fiscalización  esta normativa que se está discutiendo hoy día en el Congreso, y estos ajustes que se están tramitando van a ser letra muerta, es importante entonces que la fiscalización que hace la Dirección del Trabajo no quede de lado, y se le exija un mínimo de fiscalización asociado al universo de empresas que deben cumplir la ley”, concluyó el presidente de la Fundación Chilena para la discapacidad.

Expertos en inclusión laboral llaman a incorporar la accesibilidad universal en todas las plataformas digitales

  • Matias Poblete y Marisol Bañares, recalcaron que debe ser el Estado a través de su legislación, quien garantice el acceso inclusivo universal para las personas en situación de discapacidad.

A pesar de que en nuestro país existe una ley vigente que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con situación de discapacidad, en la realidad hay muchas brechas que impiden una accesibilidad universal, como lo que ocurre con las plataformas digitales. El acceso a las tecnologías cobra total relevancia en el contexto actual, donde producto de la pandemia todo se digitalizó a pasos agigantados, pero no se avanzó hacia una universalidad e inclusión real.

En este sentido, el Presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Matías Poblete, comentó que “la accesibilidad en las tecnologías hace rato que dejó de ser un lujo, hoy es una necesidad y debiese ser un derecho garantizado. Las personas en situación de discapacidad tienen un gran aliado que a veces no está tan presente, que son las tecnologías, las cuales facilitan la vida y muchas veces estas tecnologías no están al alcance de las personas en situación de discapacidad, porque aun en nuestro país tenemos un déficit en las entregas de ayudas técnicas, que muchas de ellas son estas herramientas tecnológicas, por parte del Servicio Nacional de Discapacidad”.

El experto en inclusión laboral, enfatizó en la importancia de que las plataformas y sitios web cuenten con esta accesibilidad “las tecnologías que usan las personas en situación de discapacidad muchas veces no son compatibles con las tecnologías habituales que ocupan las personas, como las aplicaciones de banco, las aplicaciones de delivery o sitios web para realizar trámites, en este sentido, como Fundación Chilena para la Discapacidad creemos sumamente importante avanzar hacia la legislación de la accesibilidad en las tecnologías, partiendo por aquellas plataformas que el Estado pone al servicio de las personas para la realización de trámites”.

Por su parte, Marisol Bañares, experta en inclusión laboral, y quien además, tiene una lesión medular C7-T1 tras un accidente vehicular hace 8 años, que la dejó con parálisis en sus dos piernas, recalcó la importancia que hoy en día tiene el acceso a Internet.

“Esta pandemia nos ha demostrado lo importante que es la tecnología, la importancia de Internet y las ayudas que hemos recibido las personas en situación de discapacidad. Muchos han encontrado una fuente laboral, ya que desde su hogar pueden comenzar a trabajar con el sistema de teletrabajo”. Sin embargo, comentó que “las ayudas técnicas que muchas veces se entregan para las personas con discapacidad son insuficientes”, enfatizó Bañares.

Por último, Matías Poblete, subrayó que esta accesibilidad universal se va a conseguir solo cuando “los organismos del Estado  sean accesibles, y luego también generar esta obligatoriedad en el sector privado, para que las personas que asistan a notarías, obtengan créditos o tengan algún producto en el banco, como tarjeta de crédito, puedan ocuparlo en las plataformas sin barreras y de una manera inclusiva, por ello es que nosotros estamos ya trabajando en esta iniciativa para realizar estudios y presentar una minuta al parlamento que nos permita mejorar los entornos tecnológicos para las personas en situación de discapacidad”.

De acuerdo al Informe General de Resultados de la Encuesta de Acceso y Uso de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), el 99% de las grandes empresas y el 91% de las pymes utiliza dispositivos electrónicos, el 71% de las empresas en Chile interactúa con el Estado a través de internet, cifra que está debajo del promedio OCDE y Chile exhibe cierto rezago en el uso de nuevas tecnologías con respecto a la OCDE, el cual afecta aún más a las personas en situación de discapacidad: de acuerdo al Segundo Estudio Nacional de Discapacidad arroja cifras lamentables, ya que solo el 9% cuenta con acceso a tecnologías o servicios de apoyo.