Expertos en inclusión laboral: Exigen mayor fiscalización a la ley para que empresas contraten a personas en situación de discapacidad

  • La Ley de Inclusión Laboral inició una nueva etapa en el Senado, para incorporar así mayores multas y garantizar el acceso. Marisol Bañares y Matías Poblete, valoraron estos avances, pero insisten en una mayor fiscalización para que las empresas cumplan.

Tres años de vigencia tiene la Ley 21.015 que obliga a las empresas a contratar al menos un 1% de trabajadores en situación de discapacidad, de esta manera fomentar el acceso y participación en el mundo laboral de este importante grupo de la sociedad. Lamentablemente la normativa -en la realidad- no se está cumpliendo, es por esto que la Comisión de Trabajo del Senado busca incorporar mayores sanciones a las compañías que incumplan la normativa.

Y sobre esto, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), expresó que actualmente “las normas que Chile tiene en este ámbito no son suficientes para garantizar un empleo digno, y de calidad para todas las personas en situación de discapacidad. Se requiere avanzar en materias tan importantes como es la descentralización del cumplimiento de la cuota de contrataciones establecidas en la ley de inclusión laboral, de manera de que las empresas no solo cumplan con esta normativa en la región Metropolitana sino que lo puedan hacer a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en zonas extremas donde cumplen faenas o cuentan con oficinas”.

Asimismo, el especialista destacó que “es importante también que exista un incentivo para que las entidades puedan implementar los ajustes que sean necesarios para la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, este incentivo podría consistir en una exención tributaria que permita financiar a través del descuento de  impuestos los ajustes de alto costo que deban implementar las empresas, de esta manera se podrá ampliar el abanico de contrataciones de personas en esta situación, puesto que al  día de hoy se contrata a personas con pocas limitaciones, por decirlo de alguna manera, en consecuencia que muchas personas que tienen grandes dificultades de desplazamiento podrían ejercer labores en distintas empresas, sin embargo no son contratadas porque estas cuentan con problemas de accesibilidad a los espacios físicos y impide el desplazamiento autónomo y seguro  de aquellas personas.”

Por su parte, Marisol Bañares, experta en materia de inclusión y accesibilidad, quien además, tiene una lesión medular C7-T1 tras un accidente vehicular, quedando con una parálisis en sus piernas, comentó sobre las problemáticas que tienen las personas en situación de discapacidad para ser considerados en un trabajo: “si bien es cierto que existen multas, pero las instituciones prefieren pagarlas, porque las condiciones que pide el Gobierno son tantas que finalmente no son viables en mucho de los establecimientos para poder contratar personal, sin embargo, el hecho de estar por ley debe cumplirse y ojala nosotros no necesitaremos de una ley para poder tener la oportunidad de demostrar nuestras aptitudes laborales”.

En la normativa actual no se vigila que las empresas tengan trabajando directamente a personas en situación de discapacidad, precarizando aún más las condiciones laborales para este grupo de personas, y en este sentido Bañares comentó que “una entidad puede actualmente cumplir con la cuota que exige la normativa que es el 1% por cada 100 trabajadores, aunque no sea de una manera directa basta que ellos tengan contratada una empresa y que esta empresa tenga dentro de sus trabajadores alguna persona en situación de discapacidad, aunque ella no trabaje directamente en la empresa, lo que se busca en este momento es que si se contrata a través de un subcontratista las personas que tengan discapacidad deben trabajar directamente en la empresa”.

Finalmente, ambos expertos coinciden en que se necesitan mayores fiscalizaciones para hacer cumplir la Ley de Inclusión Laboral. “Si se suben las multas, pero no hay fiscalización  esta normativa que se está discutiendo hoy día en el Congreso, y estos ajustes que se están tramitando van a ser letra muerta, es importante entonces que la fiscalización que hace la Dirección del Trabajo no quede de lado, y se le exija un mínimo de fiscalización asociado al universo de empresas que deben cumplir la ley”, concluyó el presidente de la Fundación Chilena para la discapacidad.

Por CEP: Candidatos Republicanos: “Estos resultados demuestran que la ciudadanía se siente decepcionada, vulnerable e indefensa”

  • José Meza, candidato a diputado por el distrito 9 y Marisol Bañares, postulante por el distrito 25, coinciden en que las cifras entregadas hoy por CEP ponen nuevamente en tela de juicio la credibilidad de las instituciones políticas  en el país.

Este miércoles se entregaron los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Público (CEP), los datos corresponden al sondeo realizado entre el 25 de julio y 1 de septiembre, donde se consultaron a 1.443 personas de 119 comunas a lo largo del país. Lo más preocupante de las cifras, fue que la confianza en las instituciones y órganos del Estado, nuevamente cayó a los niveles percibidos antes del estallido social.

Uno de los datos que ha llamado más la atención, fueron los de credibilidad y validación de la Convención Constitucional: se evidencia que un 24% de los ciudadanos tiene confianza en la Convención y un 49% considera que la nueva carta magna resolverá los problemas, esta última evidenciando una baja en comparación con la medición inicial que arrojaba 56%.

El órgano encargado de redactar la nueva Constitución, está perdiendo el respaldo ciudadano, debido a los últimos hechos que han marcado el desarrollo de la convención, en este sentido, José Meza, abogado experto en derecho constitucional y candidato a diputado por el distrito 9 comentó que “estos resultados demuestran que la ciudadanía se siente decepcionada, vulnerable e indefensa, sobre todo por los resultados que dicen que cada vez menos confían en la Convención Constituyente”.

Por su parte, Marisol Bañares postulante a diputada en Los Lagos por el Partido  Republicano opinó que “los datos entregados hoy confirman lo que veníamos planteando en relación a la Convención Constitucional, quienes han perdido la sintonía con la ciudadanía. Ellos como organismo encargado de darle al país una nueva Constitución, están desaprovechando la oportunidad que las personas les entregaron de canalizar todas las demandas sociales, en un texto que le dé esperanza, paz y estabilidad a Chile”.

El sondeo arrojó que las instituciones mejor  evaluadas fueron las universidades, radios y la Policía de Investigaciones (PDI), también se registró un alza en la confianza a las FF.AA: aparecen las Fuerzas Armadas (30%), las municipalidades (29%) y Carabineros (26%).

En relación a estos números, el director ejecutivo de Acción Republicana, José Meza, valoró que “las cifras de confianza en instituciones que realmente defienden a los chilenos: PDI, Carabineros, las Fuerzas Armadas, y eso es lo que debieran mirar las autoridades, que la politiquería, que las peleas chicas no es lo que la gente está esperando, sino que nos pongamos de una vez por todas a trabajar por las soluciones a los problemas que realmente les afecta”.

Por su parte, Bañares también consideró positivo “que se vaya retomando la confianza en las Fuerzas Armadas, quienes durante la pandemia han estado en la primera línea en las calles para que se cumplan las medidas sanitarias, y estos números son un reconocimiento hacia ellos.” Agregando, “con esto se demuestra que lo que valoran los ciudadanos es el trabajo en terreno, lo que le falta a los políticos”.

En el sondeo, se consultó sobre “¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno?”. En ese contexto, la categoría “Delincuencia, asaltos y robos” lideró las menciones (42%), lo que refleja un aumento si se compara con la medición anterior, donde este ítem llegó a un 26%.

Sobre esto, ambos candidatos republicanos, coinciden “el hecho de que la delincuencia y la inseguridad, el narcotráfico, sigue siendo la principal preocupación de los chilenos, por lo que no consideramos oportuno las leyes de indulto y amnistía que se han impuesto, porque los chilenos no quieren tener a los delincuentes libres, quiere tenerlos tras las rejas”.

Especialistas en accesibilidad universal: “Valoramos la propuesta, pero es sólo una parte de la problemática de las personas en situación de discapacidad al usar el transporte”

  • El Parlamento llamó a que se exima el pago en el transporte público para personas en situación de discapacidad. Matías Poblete y Marisol Bañares valoraron la medida, pero piden mayores avances en la accesibilidad y comodidad para el traslado de estos usuarios.

Desde la Cámara de Diputados y Diputadas hicieron un llamado al Presidente Sebastián Piñera para que se exima, total o parcialmente, el pago de la tarifa en el transporte público para las personas en situación de discapacidad, atendiendo a que muchas de ellas viven en condiciones de vulnerabilidad, recibiendo como ingreso solamente la pensión de invalidez, la cual en la mayoría de los casos no alcanza para cubrir todos los gastos.

En la propuesta se insiste al gobierno, que así como incorporaron un subsidio para los adultos mayores, se utilice un mecanismo similar para las personas en esta situación. Todas aquellas que se encuentren debidamente inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad (RND), y que cuenten con su respectiva credencial se les otorguen este beneficio.

En este sentido, Matías Poblete, Presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) y experto en temas de accesibilidad, valoró la medida, pero recalcó que no tiene mucho sentido, ya que “es importante señalar que aún hay localidades, e incluso dentro de la Región Metropolitana que no cuentan con un transporte público accesible, es decir, que por ejemplo no pueden subir usuarios en sillas de ruedas, en este sentido entonces cabe preguntarse: ¿para qué hacer una rebaja o la gratuidad en el transporte público, en los que ni si quiera se puede utilizar?”.

Segundos después Poblete comentó que son otro tipo de ayudas las que debe entregar el Estado, porque “es importante precisar que muchas personas en situación de discapacidad necesitan un transporte que reúna  otros estándares de accesibilidad y comodidad, por ejemplo el traslado en vehículos y no en buses, por sus condiciones de salud.” En este sentido, el presidente de la FCHD consideró que “es relevante que también se cuente con un subsidio para costear taxis o radio taxis, en casos muy específicos, donde las personas requieran desplazarse en estos vehículos, para acudir a prestaciones médicas o a desenvolverse en el mundo laboral, muchas veces una silla de ruedas por sus características, sobre todo si son coches neurológicos o sillas de ruedas con mucho peso difícilmente van a poder acomodarse en un autobús, por lo tanto el que se pueda contar con un subsidio para taxis ayudaría mucho más a que estas personas se puedan desplazar de manera cómoda, autónoma y segura”.

En tanto, Marisol Bañares, experta en materia de inclusión y accesibilidad, quien además, tiene una lesión medular C7-T1 tras un accidente vehicular hace ocho años quedando con una parálisis en sus piernas, dijo que “estamos muy contentos por la decisión que han tomado un grupo de diputados por arriesgarse con este tipo de iniciativa. “La motivación ha sido justamente sacar proyectos para las personas en situación de discapacidad, y lo que mencionan estos diputados lo que llevan como proyecto de rebajar los pasajes a personas en situación de discapacidad ha sido en cierta forma un sueño, se podría decir, nosotros lo planteamos en algún momento con los dirigentes sociales de acá de mi comuna en Purranque”, dijo Bañares.

Sobre los avances de la iniciativa, que busca facilitar la movilidad de las personas en situación de discapacidad, los expertos esperan que avance en su tramitación, pero fueron enfáticos en que el Estado debe avanzar hacia un transporte inclusivo, cómodo y accesible para todos los usuarios, pero además, que se otorgue un subsidio para que se puedan movilizar en  vehículos particulares o taxis, ya que muchas veces los autobuses no cuentan con las condiciones mínimas para un traslado seguro.

Expertos en inclusión laboral llaman a incorporar la accesibilidad universal en todas las plataformas digitales

  • Matias Poblete y Marisol Bañares, recalcaron que debe ser el Estado a través de su legislación, quien garantice el acceso inclusivo universal para las personas en situación de discapacidad.

A pesar de que en nuestro país existe una ley vigente que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para las personas con situación de discapacidad, en la realidad hay muchas brechas que impiden una accesibilidad universal, como lo que ocurre con las plataformas digitales. El acceso a las tecnologías cobra total relevancia en el contexto actual, donde producto de la pandemia todo se digitalizó a pasos agigantados, pero no se avanzó hacia una universalidad e inclusión real.

En este sentido, el Presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), Matías Poblete, comentó que “la accesibilidad en las tecnologías hace rato que dejó de ser un lujo, hoy es una necesidad y debiese ser un derecho garantizado. Las personas en situación de discapacidad tienen un gran aliado que a veces no está tan presente, que son las tecnologías, las cuales facilitan la vida y muchas veces estas tecnologías no están al alcance de las personas en situación de discapacidad, porque aun en nuestro país tenemos un déficit en las entregas de ayudas técnicas, que muchas de ellas son estas herramientas tecnológicas, por parte del Servicio Nacional de Discapacidad”.

El experto en inclusión laboral, enfatizó en la importancia de que las plataformas y sitios web cuenten con esta accesibilidad “las tecnologías que usan las personas en situación de discapacidad muchas veces no son compatibles con las tecnologías habituales que ocupan las personas, como las aplicaciones de banco, las aplicaciones de delivery o sitios web para realizar trámites, en este sentido, como Fundación Chilena para la Discapacidad creemos sumamente importante avanzar hacia la legislación de la accesibilidad en las tecnologías, partiendo por aquellas plataformas que el Estado pone al servicio de las personas para la realización de trámites”.

Por su parte, Marisol Bañares, experta en inclusión laboral, y quien además, tiene una lesión medular C7-T1 tras un accidente vehicular hace 8 años, que la dejó con parálisis en sus dos piernas, recalcó la importancia que hoy en día tiene el acceso a Internet.

“Esta pandemia nos ha demostrado lo importante que es la tecnología, la importancia de Internet y las ayudas que hemos recibido las personas en situación de discapacidad. Muchos han encontrado una fuente laboral, ya que desde su hogar pueden comenzar a trabajar con el sistema de teletrabajo”. Sin embargo, comentó que “las ayudas técnicas que muchas veces se entregan para las personas con discapacidad son insuficientes”, enfatizó Bañares.

Por último, Matías Poblete, subrayó que esta accesibilidad universal se va a conseguir solo cuando “los organismos del Estado  sean accesibles, y luego también generar esta obligatoriedad en el sector privado, para que las personas que asistan a notarías, obtengan créditos o tengan algún producto en el banco, como tarjeta de crédito, puedan ocuparlo en las plataformas sin barreras y de una manera inclusiva, por ello es que nosotros estamos ya trabajando en esta iniciativa para realizar estudios y presentar una minuta al parlamento que nos permita mejorar los entornos tecnológicos para las personas en situación de discapacidad”.

De acuerdo al Informe General de Resultados de la Encuesta de Acceso y Uso de Tecnología de Información y Comunicación (TIC), el 99% de las grandes empresas y el 91% de las pymes utiliza dispositivos electrónicos, el 71% de las empresas en Chile interactúa con el Estado a través de internet, cifra que está debajo del promedio OCDE y Chile exhibe cierto rezago en el uso de nuevas tecnologías con respecto a la OCDE, el cual afecta aún más a las personas en situación de discapacidad: de acuerdo al Segundo Estudio Nacional de Discapacidad arroja cifras lamentables, ya que solo el 9% cuenta con acceso a tecnologías o servicios de apoyo.